Arévalo no está preparado para gobernar y cometió varios delitos al entrevistarse con prófugos, afirma Raúl Falla
Esta semana, el diputado en funciones Bernardo Arévalo se reunió en Washington con varios prófugos de la justicia guatemalteca. Según el abogado Raúl Falla, en la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) se analiza si pedirán el retiro de inmunidad al legislador y ganador de las elecciones en segunda vuelta.
Redacción
Un detalle que llama la atención y parece avalar los señalamientos de Raúl Falla es que Arévalo fue muy cuidadoso en no publicar fotos donde apareciera con los prófugos guatemaltecos. Lo mismo hizo la principal dirigente de ese grupo, la ex fiscal Thelma Aldana.
Sin embargo, nunca falta quien por mala fe o ganas de presumir filtre fotografías y estas circulan en redes, junto con un vídeo donde Arévalo ofrece beneficios procesales a los prófugos (autodenominados exiliados), cayendo en franco delito, según el abogado Falla.
En primera instancia, señala Falla, Arévalo habría cometido abuso de autoridad. «Es un diputado y además, ganó las elecciones presidenciales. No cabe duda que es funcionario y como tal, no tiene libertad de acción. Esto está regulado en el artículo 151 de la Constitución Política de la República, donde está claro que el funcionario solo puede hacer lo que la ley le permite».
Otro delito sería obstrucción de la justicia. «Según la ley contra la Delincuencia Organizada, es delito que un funcionario público pretenda socavar la acción institucional, en este caso la autoridad que por mandato tiene el Ministerio Público.Pero especialmente, el delito es contra la autoridad judicial. Esto está claro en los artículos 203 y 204 de la Constitución Política de la República. Son prófugos fuera del país porque existe orden de captura contra ellos. Sumado a los dos anteriores, también habría cometido apología del delito», expone.
Según Falla, el departamento jurídico y los asesores de Arévalo parecen desconocer las leyes vigentes y lo están aconsejando muy mal.
«La principal violación contra la ley que implican esas entrevistas, es la que atenta contra la separación de poderes del Estado. Ningún presidente que esté fuera del país puede tener contacto con prersonas que tienen orden de captura en Guatemala».
Entonces, señala, también habría usurpación de funciones, cuando llegó al extremo de ofrecerles beneficios procesales a los prófugos. «Si lo hace ahora, que espera ansiosamente ocupar la Presidencia ¿qué no hará al asumirla? ¿Querrá ser presidente, diputado, fiscal general y juez todo en uno?», dice Falla, quien agrega:
«Evidentemente, no está preparado para gobernar. Desconoce los temas de Nación y ofreció beneficios a los prófugos. Aunque asegura que está contra la corrupción, con esas entrevistas cometió varias faltas graves», y concluye: «este hecho es suficiente para promover una solicitud para que se le retire el derecho de antejuicio. Y existen muchas pruebas en redes.