Arévalo habría cometido varios delitos al cuestionar órdenes de captura, afirma Raúl Falla
Raúl Falla, abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), explica los posibles delitos que habría cometido Bernardo Arévalo al cuestionar las órdenes de captura emitidas por un juez. Entre otros, señala: abuso de autoridad y obstrucción de la acción penal.
Roxana Orantes Córdova
La denuncia de la FCT logró finalmente que un juzgado emitiera orden de captura contra los involucrados en el caso conocido como Odebrecht-Sandoval.
Guatemala fue el único país de Latinoamérica que no logró una indemnización y ni siquiera se terminó de construir el tramo carretero entre Cocales y Tecún Umán, compromiso de Odebrecht.
Para que el Congreso adjudicara esta construcción a la empresa que a principios de este siglo se especializó en sobornar a los diputados y ministros de varios países, 108 legisladores guatemaltecos votaron a favor y presuntamente, sus votos tuvieron un alto precio. Entre los que avalaron la «oferta» del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (MICIVI), entonces encabezado por Alejandro Sinibaldi, estuvieron los partidos LIDER; UNE y PP, pero también grupos de «izquierda» como Winaq, cuyo legislador Amílcar Pop votó a favor de la concesión.
Como en todos los países donde autoridades recibieron coimas de Odebrecht, la obra no se terminó nunca. La diferencia fue que más de 15 países afectados recibieron compensación económica de la constructora, y Guatemala por el contario, terminó endeudada con esta, gracias al abordaje que hicieron del caso la CICIG de Iván Velásquez, el MP de Thelma Aldana y la FECI encabezada por Juan Francisco Sandoval.
Este es el caso llamado Odebrecht Sandoval, cuyos protagonistas, los 26 individuos contra quienes hay orden de captura, tuvieron relación con la mayor defraudación al Estado guatemalteco en toda su historia, narra Raúl Falla.
«Un convenio firmado por un funcionario que usurpó funciones, en la casa de los delincuentes», dice Falla
Juan Francisco Sandoval viajó a Brasil para firmar un convenio totalmente ilegal. En primer lugar, Sandoval no era el titular de la Procuraduría General de la Nación, único ente facultado para este tipo de acciones. Además, el convenio se firmó en la casa de los «estafadores», devenidos en colaboradores eficaces cuyos testimonios no tuvieron ninguna utilidad, y que pagaron Q500 mil cada uno para no ser procesados en Guatemala.
El convenio llegó a Guatemala en la maleta de Sandoval, quien había viajado con visa de turista, no con pasaporte oficial, narra el abogado de la FCT.
Como consecuencia del manejo que Aldana, Sandoval e Iván Velásquez hicieron del tema, Guatemala perdió más de tres mil millones de quetzales, lo que se considera la mayor defraudación en la historia del país.
«No decimos que Velásquez es culpable sino que el caso debe ser aclarado»
La respuesta gubernamental dista mucho de posicionarse contra la corrupción, si bien este ha sido el tema recurrente del oficialismo. Al emitirse las 26 órdenes de captura contra diversos personajes implicados, entre ellos el abogado Juan Pablo Carrasco, las autoridades judiciales están cumpliendo su deber de investigar y llegar al fondo del asunto, que es bastante serio.
Sin embargo, Bernardo Arévalo emitió un comunicado en el que condena al juez y al MP. «No sé si lo están asesorando así por ignorancia o para precipitar su caída», dice Falla, quien agrega que al ponerse contra la justicia, Arévalo está violentando la independencia de poderes y cometiendo varios actos que pueden ser delitos, entre otros obstruir la acción judicial.
«No se ha dicho que Iván Velásquez es culpable, pero la negativa a que se investigue el tema, parece miedo a que se conozca la verdad», concluye Falla.
Todd Robinson
@Digby06 tenía conocimiento que estaban dejando libres a los megacorruptos de #Odebrecht y con ello contradecía el valioso trabajo de el Departamento de Justicia
@TheJusticeDept que reveló la estructura criminal. Pd ¿Por qué? Era el principal financista de su amigo
