Arévalo, «entre la espada y la pared»
Aunque parecía imposible, Bernardo Arévalo volvió a cometer otro error garrafal que podría perjudicar seriamente la gobernanza y gobernabilidad de su administración.
Ayer, en conferencia de prensa, reconoció que había ordenado a la ex ministra Jazmín de la Vega aplicar un mecanismo de pago que transgrede las leyes vigentes, ya que el mandatario de turno no tiene discrecionalidad para determinar las formas de pago a los contratistas del Estado.
De la Vega fue despedida a través de una llamada telefónica, sin ninguna consideración a los protocolos establecidos, por desobedecer la orden irregular, de no pagarle a ningún contratista que no estuviera en las listas firmadas con el nombre del presidente.
La ex funcionaria actuó de forma «poco convencional» (para decirlo amablemente), cuando grabó la llamada que le hizo su superior. Exactamente lo mismo hicieron el juez Carlos Ruano a Blanca Stalling y Claudia Escobar, a un diputado. Esta actitud que en otro tiempo era condenable se convirtió en una manera aceptable de recolectar evidencias y en cualquier caso, la grabación de la ex ministra señala a Arévalo y lo coloca «entre la espada y la pared», como expresó en sus redes el fiscal Rafael Curruchiche.
Más serio que la grabación subrepticia, es el reconocimiento del delito por parte del mandatario, quien no tuvo sonrojo en reconocer que creó un mecanismo a su medida, escogiendo a quién pagar y a quién no, en una lista de contratistas que de ninguna manera tendría que pasar por la revisión del presidente, ya que el Estado cuenta con varios mecanismos y normativas para evitar la opacidad en los pagos a contratistas estatales.
Un elemento no mencionado hasta el momento, es que inmediatamente después de despedir a la arquitecta Jazmín de la Vega, Arévalo nombró ministro a Félix Alvarado, médico de profesión y su financista. Gracias al préstamo de dinero aparentemente sin respaldo que Alvarado hizo a Arévalo, este enfrenta una de varias solicitudes de antejuicio, en ese caso por lavado de dinero.
Ahora, el audio de Jazmín de la Vega le valió al mandatario una nueva acusación y solicitud para que se le retire la inmunidad, por los delitos de «abuso de autoridad, violación a la Constitución y tráfico de influencias, por pretender beneficiar a sus financistas de campaña».
Al parecer, Arévalo no cuenta con asesores que se interesen por la coherencia entre las leyes vigentes y las acciones presidenciales. El número de desaciertos al respecto es tan enorme, que hasta podría parecer intencionalidad para socavar su mandato, desde las altas esferas gubernamentales.
Posesionado en su papel de rey o emperador, prescinde de las leyes y crea «mecanismos» para premiar a quienes lo apoyaron. La lista de los favorecidos ya circula en redes sociales y Arévalo, sin recelo ni pudor, reconoció la verdad de los señalamientos en su contra.
Probablemente no suceda nada a raíz de este hecho, pero es indiscutible que se suma al rosario de graves errores contra sí mismo que comete el ungido por la «nueva primavera», cada vez que decide convocar a una conferencia de prensa.
