Arévalo blinda a partidos políticos al sancionar reforma a Ley contra la Delincuencia Organizada
Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 34-2024, una reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada que, según varios sectores busca proteger a los partidos políticos de posibles investigaciones por delitos graves.
Redacción
La norma, que entrará en vigor este sábado tras su publicación en el Diario de Centro América, establece que las disposiciones relacionadas con la suspensión provisional de personas jurídicas no se aplicarán a organizaciones políticas. Estas últimas solo estarán sujetas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), excluyéndolas de la regulación que permite suspender temporalmente inscripciones cuando existan procesos penales en su contra.
Modificaciones al artículo 82
El Decreto 34-2024 reforma el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que regula la suspensión de licencias, permisos o inscripciones de personas jurídicas utilizadas en la comisión de delitos. Con la reforma, esta suspensión solo podrá realizarse por orden judicial y no podrá extenderse por más de un año. Además, se introduce una excepción para “personas jurídicas de derecho público sujetas a normativas constitucionales”, incluyendo partidos políticos.
“Un blindaje para los partidos”
Expertos legales han expresado preocupación por el alcance de esta reforma, señalando que favorece a las organizaciones políticas al excluirlas de disposiciones que buscan combatir delitos graves. Según algunos expertos, esto podría abrir la puerta a la impunidad en casos donde partidos sean acusados de financiación ilícita u otros crímenes relacionados con el ejercicio político.
La decisión también ha sido criticada por la velocidad con la que se aprobó: el decreto fue declarado de urgencia nacional y aprobado en un solo debate con el apoyo de dos tercios de los 160 diputados del Congreso.
La postura del presidente Arévalo
En diversas ocasiones, el presidente Arévalo defendió la reforma argumentando que busca evitar una “aplicación incorrecta e ilegal” de la Ley contra la Delincuencia Organizada para abordar asuntos políticos.
“Lo que hizo el Congreso fue una reforma para evitar que estas disposiciones sean utilizadas con fines ajenos a lo que fueron diseñadas”, declaró el mandatario.
Sin embargo, sectores de la sociedad civil consideran que esta justificación no es suficiente, y han alertado que la reforma podría socavar los esfuerzos por combatir el crimen organizado y la corrupción vinculados a estructuras partidarias.
Impacto y críticas
La exclusión de los partidos políticos de esta normativa refuerza la idea de que las organizaciones políticas gozan de un trato privilegiado en comparación con otras entidades.
Este cambio se suma a una creciente percepción de que las reformas legales impulsadas recientemente buscan consolidar la protección de intereses particulares por encima de la transparencia y la justicia.
