Arévalo ataca acciones judiciales, mientras investigaciones por bloqueos de 2023 avanzan
Bernardo Arévalo reaccionó a la detención de Basilio Puac, exvicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, calificándola como un “ataque infundado y desesperado contra la democracia y los pueblos indígenas”, y arremetió contra lo que llamó “criminales que siguen en el Ministerio Público”.
Redacción
Sin embargo, las declaraciones del mandatario omiten un elemento central del debido proceso: la captura de Puac no fue ordenada por el Ministerio Público, sino por un juez competente, en el marco de una investigación penal en curso, como establece el ordenamiento jurídico guatemalteco.
Al atribuir directamente la detención al MP y condenar públicamente a operadores de justicia, Arévalo desconoce o minimiza la separación de funciones entre investigación y jurisdicción, y coloca al Ejecutivo en una posición de descalificación abierta de decisiones judiciales, sin que exista aún una resolución de fondo en el caso.
La captura de Basilio Puac no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro del mismo expediente penal que investiga la posible responsabilidad de dirigentes de los 48 Cantones por los bloqueos masivos de octubre de 2023.
En ese caso ya enfrentan proceso Luis Pacheco y Fernando Chaclán, exdirigentes de la organización, quienes fueron previamente detenidos y ligados a proceso por su presunta participación en esos hechos.
La detención de Puac responde a una orden judicial previamente emitida, como parte del avance de la investigación, y no a una acción política ni administrativa del Ejecutivo ni del MP, como sugiere el discurso presidencial.
Bloqueos de 2023: el contexto que Arévalo omite
Las investigaciones se originan en los bloqueos ilegales que paralizaron el país durante varias semanas en octubre de 2023, cuando decenas de carreteras fueron cerradas de forma simultánea. Aquellas acciones provocaron:
- Pérdidas económicas millonarias, especialmente en comercio, transporte y producción agrícola.
- Incrementos inmediatos en los precios de la canasta básica, debido a la interrupción de cadenas de suministro de alimentos y combustibles.
- Afectaciones graves a derechos fundamentales, como la libre locomoción, el derecho al trabajo, el acceso a la salud y el abastecimiento de alimentos.
- Daños que, en muchos casos, fueron irreversibles para pequeños productores y comerciantes.
Pese a estos antecedentes, Arévalo ha optado por defender políticamente a quienes promovieron y dirigieron esas acciones, sin hacer referencia a los impactos concretos que sufrieron millones de guatemaltecos.
El mensaje presidencial y la tensión institucional
Al condenar una detención ordenada por un juez y anticipar el fracaso de un proceso judicial en curso, el presidente envía un mensaje que debilita el principio de independencia de poderes, al tiempo que coloca bajo sospecha a jueces y fiscales que actúan dentro de un expediente formal.
El señalamiento generalizado de “criminales” desde el Ejecutivo no solo desconoce el debido proceso, sino que también normaliza la deslegitimación de la justicia cuando esta investiga hechos políticamente incómodos.
