Arévalo actuó como dictador, afirma Dina Esther Castro
Roxana Orantes Córdova
Dina Esther Castro Mejía, presidente del Instituto de Derecho de Familia, conversó con Prensa Digital sobre el retiro de la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena sobre Tratados, hecho que como muchos otros juristas, considera un atentado contra la Constitución.
El Instituto de Derecho de Familia, fue creado en l992, siendo una de sus fundadoras la Licenciada Ana María Vargas de Ortíz, primera mujer juez, en Guatemala. En 1962, fue redactora de la Ley de Tribunales de Familia.
El Instituto de Derecho de Familia se fundó para defender a las instituciones que fortalecen a la mujer, los menores y la familia. Por esta razón se opone y ha realizado análisis sobre anteproyectos de ley presentados para facilitar el aborto, cirugías para cambio de sexo, pedofilia y sexualización de enseñanza en las escuelas.
Además, abordan otros temas relacionados con los valores de la familia. Eliminar la reserva de la forma en que lo hizo Bernardo Arévalo abriría la puerta para todas esas aberraciones que la Constitución impide, explica la entrevistada.
¿El Instituto de Derecho de Familia interpuso recursos o acciones legales contra el retiro de la reserva al artículo 27?
El instituto publicó una denuncia por ese hecho, pero tenemos la misma motivación, porque el gobierno de la República, en un ato sin precedentes, en forma oculta y sin
consultar, como ha sido en otros casos, específicamente el presidente de la República, retiró la reserva contenida en el artículo 27 de la Convención de Viena, aunque dicha reserva es un derecho soberano de los estados, para que si alguno de los tratados contiene normas que pueden estar en contradicción con la Constitución, no formen parte de la legislación nacional.
¿Qué implicaciones tendría mantener el levantamiento de la reserva?
Muy serias. En este momento, en que el presidente lo puso en conocimiento de instancias internacionales, inconsultamente, Guatemala queda sin protección y cualquier disposición que se pudiera generar a través de los mecanismos de la Convención de Viena podría entrar al sistema jurídico guatemalteco sin ninguna restricción, aunque sea contraria a la Constitución.
¿Por ejemplo?
Todo lo que concierne al aborto y los supuestos derechos de los grupos LGBIQ podrían entrar vía “derechos humanos”.
¿Por qué es ilegal la actuación del gobierno?
Porque el presidente actuó de “motu proprio”. Es más, en el comunicado donde lo hizo saber, dice “YO”, sin tomar en cuenta el procedimiento existente, cuando se ha tratado un tema de esta naturaleza- Además nadie puede estar sobre la Constitución y el presidente actuó como dictador para congraciarse con los globalistas, menoscabando los derechos de los guatemaltecos y él esta para proteger a la persona humana y la familia, para lograr el bien común, no solo para algunos.
¿Cuántos amparos y recursos hay contra esta acción del gobierno-Cancillería?
Me parece que son cuatro de diferentes instituciones y una gran cantidad de comunicados, cartas abiertas y denuncias públicas. Lamentablemente la Comunidad de Abogados, hubiese querido que el Colegio de Abogados, y Notarios, se pronunciara y presentara un amparo contra esa acción del presidente, pero de todos es sabido que dicha planilla, estaba siendo apoyada por el grupo oficialista.
¿La CC ya aceptó para trámite las acciones de amparo presentadas?
Si, al amparo presentado por el Licenciado Roberto Cano, ya le dieron trámite y la CC, emplazó al presidente Bernardo Arévalo, para que, en 12 horas, responda sobre el por qué levantó la reserva al artículo 27 del Convenio de Viena. Esperaremos a ver cuál fue el motivo de ese desmesurado acto de entrega de la soberanía de Guatemala a las instituciones globalistas.
