«Analizamos quién asistirá a la reunión de gabinete», dice Ángel Pineda
Ángel Pineda, secretario del Ministerio Público (MP), habla sobre el «netcenter «, las arbitrariedades cometidas por los 48 Cantones en el bloqueo al ente investigador y las exigencias que Bernardo Arévalo realizó a la Fiscal General Consuelo Porras.
Roxana Orantes Córdova
Pineda se define ideológicamente como libertario: «considero que el Estado debe intervenir lo menos posible en la vida de las personas y cada uno debe desarrollarse según sus capacidades. Al mismo tiempo, soy creyente en Dios», dice.
Ya que este funcionario ha sido señalado de dirigir una estructura bastante difusa y que nadie logra definir, llamada «netcenter», es obligatorio preguntarle si esto existe y qué opina de ello. Y tal como los grupos de izquierda que responden a intereses de los demócratas estadounidenses califican de «netcenter» a quien los objete, es válido considerar que ellos también disponen de estas estructuras virtuales.
Tal como los llamados «defensores y defensores de defensores de DH aseguran que hay un netcenter de la derecha ¿Existe un netcenter de izquierda?
Si alguien emite una opinión diferente, en redes se activan ataques personales. Exhiben un doble estándar. Por una parte, se manifiestan a favor de lo que llaman grupos vulnerables, como niños, adolescentes y otros. Por otra parte, atacan constantemente la dignidad de la señora Fiscal, con argumentos viscerales basados en discrepancias con decisiones que toma en el ámbito de sus funciones.
El MP respeta el derecho a la crítica, pero no son aceptables los ataques que afectan contra la dignidad o la vida. Y estos se hacen evidentes cuando el MP decide cualquier acción no acorde con esas cuentas, que se activan y comienzan atacar. Una característica de estas cuentas es que no hay personas identificadas. Otra es la desinformación y lanzamiento de patrañas. Por ejemplo, cuando aseguraron que la señora Fiscal estaba hospitalizada y alrededor de esto se constituyó una narrativa absurda, al extremo de afirmar que posiblemente ya no estaba con vida y tenía una hermana gemela sustituyéndola.
La constante en esta narrativa es pedir la renuncia de la Fiscal, a lo que tendrían derecho si fundamentaran su demanda. El funcionario explica que, según el Código Penal, buscar deponer a un funcionario sin motivos, es delito de sedición. El MP actúa en irrestricto respeto a los derechos humanos.
¿Qué es un net center?
Es un concepto creado, una idea que puede definirse como grupos de personas organizadas para generar opiniones, en caso de los que atacan a la Fiscal, opiniones adversas a las acciones del MP.
Los entes del Estado necesitan recibir crítica y la libre expresión es un derecho humano. Pero ningún derecho es absoluto.
Estos grupos anónimos en redes presentan al MP como si este se limitara a la Fiscal y la FECI ¿Cuál es el actuar, logros y alcances del MP?
Cuando la Fiscal General asumió, en mayo de 2018, en Guatemala había agencias fiscales en 64 municipios. En tres años logró cubrir los 340 municipios. Todos los guatemaltecos pueden interponer sus denuncias sin necesidad de trasladarse a cabeceras o agencias en municipios cercanos.
En los primeros seis meses, se crearon 30 fiscalías, lo que significó un incremento del 50% de la cobertura, en relación a los 24 años anteriores. Irónicamente, cuentas de redes sociales creadas entre noviembre y diciembre de 2018, emprendieron una serie de críticas por los gastos de arrendamiento del MP, que evidentemente se habían incrementado para que funcionaran las agencias fiscales. No tenemos dinero para construir nuevos edificios y arrendar fue un evento necesario.
La señora Consuelo Porras fue magistrada de la niñez. Esto le motivó a tener una atención especial a casos de violencia contra niños, creando el Modelo de Atención a la Niñez y Adolescencia, e implementando que la atención a la niñez violentada funcione todo el año y durante las 24 horas, para evitar que ningún niño sea revictimizado al no poder ser atendido cuando llega a denunciar.
¿Algún grupo o entidad pro derechos humanos ha defendido a la Fiscal por los ataques misóginos o a Rafael Curruchiche por los ataques racistas del «netcenter»?
El señor Diego Almagro, cuando visitó Guatemala, recibió toda la documentación y se le presentó un vídeo exponiendo los vejámenes. Sin embargo, no emitió ninguna opinión ni propuso acciones, tampoco incluyó el detalle ni siquiera la mención de esos vejámenes a los funcionarios en su informe a la OEA.
De la misma manera, instituciones como la Secretaría Presidencial de la Mujer, ONU Mujeres o la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA), se han pronunciado de ninguna forma.
En cuanto a las ONG´s de derechos humanos, parecen manejar doble estándar y pese a que dicen defender a los más vulnerables, no consideran vejámenes ni ofensas los que se cometen diariamente en redes contra la señora Fiscal y el jefe de la FECI.
¿Cómo fue para los trabajadores del MP la toma realizada por los 48 Cantones alrededor del edificio?
Todos los derechos deben ser garantizados, entre estos el de manifestación. Sin embargo, la CC dictaminó que también había derecho a que se liberara el paso. El MP no tuvo ningún apoyo del Ministerio de Gobernación y llamó la atención que cuando se presentaron manifestantes contrarios a los 48 Cantones, fue muy visible la presencia de la policía.
Cuatro resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sobre el derecho a la locomoción generaron jurisprudencia. Sin embargo, los Cantones hicieron caso omiso de este derecho, cometieron diversos atropellos y se constituyeron en autoridad ilegítima y no electa. Registraron a la gente que entraba y salía del MP, se reservaron el derecho a decidir quiénes podían entrar. Generaron miedo y vedaron a las personas el derecho a la justicia, entre estos, afectaron a quienes tienen medidas sustitutivas y deben presentarse cada cierto tiempo al juzgado que funciona en las instalaciones del MP.
Los que no cumplen esto pueden perder la libertad condicional, además de que impidieron que se presentaran decenas de denuncias, pero todo ello no importó a los Cantones, que ocuparon ilegalmente el lugar. Según estadísticas, el MP recibe un promedio de 52 denuncias por hora.
Fue una acción delictiva a todas luces, con la clara intención de evitar que el MP realizara determinada investigación.
¿Qué implicaciones ha tenido el caso Corrupción Semilla?
En casos judiciales, la opinión es una especulación sobre algo que no consta, ya que el tema queda aclarado hasta que existe una resolución firme. Se respetan las opiniones pero es delicado opinar sobre algo que no ha llegado a proceso penal. El caso Corrupción Semilla ya está en proceso penal.
Las denuncias que originaron el caso fueron interpuestas por el señor Rodrigo Rodas Sánchez, afiliado ilegalmente y Bernardo Arévalo. Esta denuncia fue inmediatamente secundada por la de Arévalo, como secretario de Semilla, quien únicamente señaló a Jaime Gudiel, de la empresa que Semilla contrató para que le consiguiera firmas de afiliados, pero no denunció a personajes del partido que avalaron dichas firmas.
Por emitir opinión sobre este caso de corrupción, el columnista Carlos Torrebiarte fue incluido en la lista Engel, aunque dicha ley ya caducó.
¿Existe injerencia extranjera en Guatemala?
No respetan la Convención de Viena que regula las relaciones diplomáticas. Parece que no existiera dicha ley para Guatemala. Es exactamente como si el embajador guatemalteco en Washington se atreviera a expresarse sobre casos muy específicos e internos de ese país.
¿Cuál es la posición institucional ante las citas y solicitudes de información de Arévalo a la Fiscal?
Inicialmente, la citó a su despacho para que el 4 de enero acudiera a informarle sobre cuatro temas. Todos estos, relativos a casos penales que están bajo reserva, como la investigación sobre la compra de vacunas y la presunta obstrucción de la acción penal cometida por un grupo de periodistas, que habrían transgredido la Ley contra la Delincuencia Organizada.
Dos de las solicitudes de información, relativas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), competen a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADHE), entidad que es presidida por Arévalo, por lo que él es el más indicado para tener toda la información relativa al tema solicitado. Por ejemplo, los procesos por derechos humanos en casos del enfrentamiento armado y las indemnizaciones que exige la CIDH son temas de esas instancias.
El rol del MP en esto fue trasladar información a la PGN , cuyo encargado es el Procurador General de la Nación y la COPADHE, cuya autoridad máxima es Arévalo.
Arévalo quiere información sobre las medidas cautelares de la CIDH a ciertos funcionarios, que deben ser ejecutadas por la PNC. Sin embargo, el MP acudió más de una vez ante el juez Gálvez, quien jamás recibió a los agentes que lo visitaron. En una ocasión se negó a recibirlos porque dijo que uno de ellos no llevaba la vestimenta adecuada. Otros funcionarios con medidas cautelares, como el ex PDH Jordán Rodas y Juan Francisco Sandoval, huyeron sin tener orden de captura, si bien estas se solicitaron posteriormente contra Sandoval.
La Fiscal está obligada a acudir a la cita del 29, pero también tiene todo el derecho legal de delegar esta actividad a otro funcionario del MP. En este momento, se está analizando quién acudirá a la reunión de gabinete. El MP no va a desistir de ninguna de sus investigaciones.
