Ampliación presupuestaria: Congreso debe resolver objeciones antes de remitir decreto al Ejecutivo
Gabinete de Arévalo parece «comer ansias» y bombardea con campañas mediáticas en las redes sociales de los ministerios para promover la ejecución de la ampliación presupuestaria de Q14 mil millones, aprobada por el Congreso de la República. Sin embargo, el Legislativo aún no remite el decreto al Ejecutivo para su sanción oficial, en cumplimiento del proceso requerido que incluye la recepción de objeciones.
Redacción
La ley establece un tiempo específico para que el Congreso remita el Decreto 16-2024 que establece la ampliación presupuestaria más grande de la historia del país, y antes de hacerlo, debe resolver las objeciones presentadas por los diputados. Al mismo tiempo, la Corte de Constitucionalidad (CC) sigue sin pronunciarse sobre los amparos que denuncian la inconstitucionalidad del proceso para la aprobación del decreto.
El Decreto 16-2024, que contempla una ampliación presupuestaria por Q14 mil millones, sigue sin ser sancionado por el Ejecutivo debido a que el Congreso de la República no ha finalizado el proceso legislativo requerido. A pesar de haber sido aprobado de urgencia nacional el 13 de agosto con 110 votos, el decreto aún no ha llegado a la Presidencia, mientras diversas objeciones y amparos impiden su avance definitivo.
Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, explicó que aún están a la espera de que el Congreso remita el decreto. “El procedimiento legislativo no se ha agotado. Por ley, existe un plazo de cinco días para que los diputados presenten inconformidades, después de lo cual el decreto será enviado al Ejecutivo para su sanción”, indicó Palomo.
El Congreso, sin embargo, enfrenta críticas por aprobar la ampliación presupuestaria sin una revisión técnica suficiente y con opacidad en la asignación de recursos, especialmente en lo que respecta a los Consejos de Desarrollo Departamental (Codedes). Este descontento se ha traducido en diversas objeciones dentro del propio Congreso, donde la Comisión de Estilo debe revisar el contenido del decreto antes de enviarlo al pleno para su ratificación final.
Además, la medida enfrenta acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Varios sectores han presentado amparos, señalando que la aprobación del decreto violó procedimientos legales y es inconstitucional. Sin embargo, la Corte aún no ha emitido un fallo definitivo al respecto, lo que mantiene en vilo el futuro de la ampliación.
A pesar de esta incertidumbre, el Ejecutivo ya ha expresado su intención de avanzar con la implementación de los programas dependientes de la ampliación presupuestaria. Varios ministerios han manifestado que sus operaciones se verán afectadas si la ampliación no es ratificada, y el presidente ha asegurado que confía en que la Corte no fallará en contra de esta medida.
Por su parte, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) han enfatizado que estos fondos son cruciales para la mejora de infraestructuras clave, como carreteras y proyectos agrícolas. Según estos ministerios, la ampliación permitirá avanzar en obras y programas que, de no ser implementados, podrían afectar negativamente el desarrollo y bienestar en distintas regiones del país.
