Amparo para evitar supuesta investigación, con respaldo del gobierno

Ayer, Marco Livio Díaz, el implacable jefe de la Superintendencia de Recaudación Tributaria (SAT), dio a conocer que interpuso una acción de amparo para evitar una hipotética captura en su contra, debido a que según su comunicado, la FECI no informó a los abogados de la SAT sobre la investigación en su contra.

Redacción

El asunto es bastante confuso pero tiene un elemento claro: Marco Livio Díaz teme ser capturado y el gobierno lo respalda.

Lo que comenzó como un aparente chisme de redes, cuando trascendió que el funcionario habría perdido la compostura en un evento donde se abordaría «la próxima reforma fiscal que prepara el gobierno», se convirtió en la exposición del temor que agobia al superintendente, quien acudió a la CC para pedir que no permita su captura, que según afirma el funcionario, sería consecuencia de la investigación realizada por la SAT del caso B410, que involucraría a Alejandro Giammattei y su pareja «Miguelito».

El gobierno inmediatamente apoyó a su funcionario, con un pronunciamiento de Santiago Palomo a favor de Díaz. Por otra parte, muchos comentarios en redes señalan que la investigación apuntaría a una supuesta red de extorsionistas en la que estarían involucrados familiares del superintendente.

«Mejor calladito»

En algunos momentos lo mejor es permanecer en silencio y esperar. Sobre todo si se trata de asuntos públicos y resultan involucrados entes del Estado. Este no fue el caso de Marco Livio Díaz, quien según el periodista Mario Rosales, habría estallado en lágrimas y asegurado que es perseguido por el MP, que al momento no ha dicho palabra.

Inmediatamente, los opositores al gobierno lanzaron la versión sobre la red de extorsiones atribuida al superintendente, quien luego del tremendo error de perder el control en público (y ante la prensa), siguió cometiendo actos que podrían voltearse en su contra.

Por ejemplo, pedir a la CC protección contra el MP podría ser un tremendo error. Y el comunicado en el que informa sobre su situación, lleva logotipo institucional, lo que también puede convertirse en arma de dos filos en su contra, ya que si realmente es investigado por supuestas irregularidades, «la responsabilidad penal es personal» y un funcionario no debería usar la institución donde labora para ampararse ni dirimir situaciones como la que atormenta al implacable superintendente, quien más de una vez se demostró capaz de cualquier transgresión a los derechos y libertades individuales con tal de incrementar la recaudación tributaria, que nunca será suficiente para pagar los enormes gastos del gobierno.