Alianza oficialista retuercen la ley para imponer ampliación presupuestaria
La estrategia del gobierno de Bernardo Arévalo y su alianza en el Congreso ha quedado al descubierto: cuando la ley estorba, se busca la manera de sortearla. La ampliación presupuestaria de Q4 mil 166 millones promovida por el Ejecutivo parece contar con el respaldo de varias bancadas, pese a que la Corte de Constitucionalidad (CC) ya ha sentenciado la inconstitucionalidad de varios de sus elementos.
Redacción
A las 14:00 horas estaba programada la sesión legislativa de este martes, pero la falta de quórum inicial sugiere que se llevaban a cabo negociaciones fuera del hemiciclo. Sin embargo, los aliados del gobierno han reiterado su disposición para aprobar la ampliación, sin importar los señalamientos legales. Aunque aún no han logrado la aprobación, todo indica que la alianza oficialista impondrá su voluntad.
El verdadero problema radica en que, en lugar de corregir las inconstitucionalidades señaladas por la CC, el oficialismo busca otra vía para obtener los fondos, ignorando los límites legales y estableciendo un peligroso precedente.
Aprobar la ampliación significaría validar la estrategia de eludir las resoluciones constitucionales mediante maniobras legislativas, lo que socava la seguridad jurídica y la división de poderes en el país.
Por ahora, diputados de Valor y Cabal han anticipado su respaldo a la ampliación presupuestaria, destacando la urgencia de cumplir compromisos como el pago a los veteranos militares.
Mientras que, el jefe del bloque VAMOS, Allan Rodríguez, cuestionó la decisión del Ejecutivo: “Es increíble que con la tragedia que ha sucedido, el Ejecutivo esté pensando más en pedir dinero”, en referencia al accidente de tránsito del 10 de febrero.
El juego político tras la ampliación
Por su parte, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, ha justificado la ampliación asegurando que la suspensión de varios artículos en la Ley de Presupuesto ha afectado el flujo de fondos. Sin embargo, su explicación deja dudas fundamentales: ¿Por qué el gobierno de Arévalo envió un proyecto de presupuesto con disposiciones que riñen con la Constitución? ¿Qué compromisos están en juego?
La propuesta de ampliación presupuestaria busca restaurar fondos anulados por la CC, incluyendo:
Q1,891 millones para Consejos de Desarrollo.
Q1,625 millones para pago de pensiones.
Q56 millones para un seguro paramétrico.
Q393 millones para el programa de reducción de emisiones.
CC declaró inconstitucional varios artículos de Presupuesto 2025
El fallo de la CC del pasado 30 de enero, en respuesta a una acción del Cacif, declaró inconstitucionales varias asignaciones del Decreto 36-2024, afectando directamente partidas destinadas a Codedes, jubilaciones y asistencia a veteranos militares. Entre los artículos anulados destacan:
Artículo 118: Eliminó una ampliación de Q2 mil millones, lo que reduce la capacidad de financiamiento del Ejecutivo.
Artículo 130: Supresión de fondos para el Régimen de Clases Pasivas y Civiles del Estado, afectando el pago de pensiones.
Artículo 135: Bloqueo de ampliaciones presupuestarias para Codedes, limitando la inversión en proyectos locales.
Artículo 137: Anulación de Q300 millones asignados al Ministerio de Desarrollo para los veteranos militares.
La cuestión ahora es si encontrarán los votos para imponer su plan o si, por una vez, la ley prevalecerá sobre los intereses políticos.
