Agentes de EE.UU. operarán en aeropuerto La Aurora
El Gobierno de Guatemala autorizó la presencia de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora como parte de un acuerdo migratorio recién firmado.
Redacción
El Ministerio de Gobernación de Guatemala oficializó la firma de un memorando de entendimiento con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que permitirá la presencia de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Con el pretexto de reforzar la seguridad contra redes criminales y terroristas, el documento deja abierta la puerta a prácticas discrecionales. El margen de acción entregado a una agencia extranjera en suelo guatemalteco.
La medida forma parte del llamado «Programa de Seguridad Conjunta», presentado como un esfuerzo bilateral, pero que en los hechos plantea serias dudas sobre la soberanía, la transparencia y los límites de esta cooperación.
Aunque las autoridades guatemaltecas insisten en que no se trata de un acuerdo de “tercer país seguro”, lo cierto es que el documento abre la posibilidad para que agentes extranjeros operen dentro del territorio nacional bajo directrices de Washington, con acceso a áreas restringidas del aeropuerto y con privilegios diplomáticos.
El documento, publicado una semana después de su firma entre la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, establece que los oficiales de CBP estarán bajo la supervisión del jefe de Misión de EE. UU. en Guatemala, no del gobierno guatemalteco. Aunque se menciona la coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), el mando operativo recae claramente en Washington.
Además, se permite que estos oficiales soliciten inmunidad diplomática y privilegios especiales para operar, mientras se exige que se les habiliten accesos exclusivos a instalaciones clave, incluso espacios para vehículos privados. Todo esto bajo el compromiso de confidencialidad y sin obligación alguna de rendir cuentas al sistema judicial guatemalteco.
