¿Abrazos a los criminales, balazos a la gente honrada?: la seguridad en tiempos de la «nueva primavera»
Es muy extraño el día en que no se produce una balacera en la ciudad de Guatemala. A esto se suman extorsiones y asaltos a granel, sin que el Estado tome medidas, pese a la enorme cantidad de presupuesto que tiene. Esta semana fue especialmente dramática y la balacera en Plaza Madero reveló el secreto a voces: venezolanos, colombianos y hondureños forman parte de grupos criminales que operan en el país. Aún así, Bernardo Arévalo recibe migrantes deportados sin importar su origen o antecedentes, lo que podría aumentar la criminalidad. La situación de seguridad es casi tan dramática como lo fue durante el gobierno de Álvaro Colom, cuando se habló de posibles vínculos entre el partido gobernante y el narcotráfico (Gloria Torres se comunicaba con el narco Chamalé y se señaló a autoridades de relación con los Zetas). Y al parecer, la política de seguridad imita las de Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, con abrazos para los criminales y balazos para la gente honrada.
Roxana Orantes Córdova
A las seis menos cuarto del lunes 10 de febrero, la Policía Municipal de tránsito informaba:
“Ataque armado en carril auxiliar de colonia Atlántida zona 18, afecta severamente a usuarios que se dirigen a calzada La Paz o que salen hacia puente Belice. Lamentablemente hay un herido”.
Esto fue minutos después del trágico accidente ocurrido muy cerca del lugar.
La noche del martes 11, en el bulevar principal de Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, se produjo un ataque armado contra un vehículo cuyos dos tripulantes resultaron muertos.
El miércoles, la situación de violencia llegó al extremo, cuando dos ataques a balazos sucedieron en puntos estratégicos de la ciudad: el ataque en Plaza Madero, kilómetro 22.5 de la carretera a El Salvador, y cerca de la Biblioteca Nacional, a una cuadra del palacio de gobierno. Un vendedor ambulante fue muerto a balazos, mientras una adolescente resultó herida.
Con estos hechos, la semana parece extremadamente sangrienta, pero la realidad es que las balaceras se convirtieron en cotidianidad para los ciudadanos, que cada día están en riesgo de ser asaltados, extorsionados o víctimas fortuitas de balaceras, por estar “en el lugar y momento equivocados”.
Las autoridades implementan un tipo de seguridad exclusivamente “reactiva”. Se presentan al lugar de los hechos, recaban pruebas y en ocasiones capturan a algún sospechoso, que generalmente sale libre con medidas sustitutivas poco después. O si se trata de un capo, es probable que sea encarcelado y termine convirtiendo a los guardias penitenciarios en sus guardaespaldas personales para sus salidas recreativas.
Cuando la ley se vincula con el crimen organizado
El colmo es la implicación de agentes policiacos en grupos de crimen organizado. Ayer, el Ministerio Público (MP), informó sobre un operativo contra una estructura criminal llamada Distribuidores del Sur Nueva Generación.
Hubo doce capturados, lo cual parece muy buena noticia. Lo impresionante, es que entre estos capturados, estaban los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), Fabiola Marily de León y Hamilton Lux Ramos.
¿Será posible que a estas alturas el Ministerio de Gobernación no tenga un protocolo para investigar a los que entran a la institución y que ni siquiera cuente con una dirección de asuntos internos capaz de controlar a los agentes?
El sistema penitenciario no se queda atrás. Hace cinco días se viralizó un video que muestra a un reo disfrutando de juegos electrónicos en el Centro Comercial La Skala, de la avenida Roosevelt, mientras guardias penitenciarios lo custodiaban, como si fueran sus guardaespaldas a sueldo.
¿Cabe más burla contra la ciudadanía indefensa ante los asaltos, extorsiones y balaceras? Al parecer, el orden y la seguridad le quedan muy cortos a las autoridades. A menos que todo sea un plan, tal como el ejecutado por Iván Velásquez en Colombia, donde desmanteló minuciosamente lo que en aquel país se había logrado.
El infierno podría desatarse en Guatemala
Bernardo Arévalo cedió en todas las exigencias que le hizo Marco Rubio. En primer lugar, el territorio nacional se convertirá en puerto de recepción «temporal» para deportados de cualquier país que Estados Unidos decida expulsar.
Es pertinente mencionar que muchos de estos deportados son delincuentes. La zona 1 de la capital está inundada de venezolanos, colombianos y hondureños que ejercen la mendicidad y montan campamentos con carpas para pernoctar en las noches, incluso en el Portal de Comercio. Pero además de estos grupos, que parecieran menesterosos, es innegable que muchos de estos “migrantes o deportados”, son partícipes de hechos delictivos.
Estructuras criminales, como los colombianos prestamistas, así como asaltantes e individuos que se dedican a prostitución de infantes y narcomenudeo se insertaron hace un tiempo en el país. El tiroteo en Plaza Madero es la “punta de iceberg” de esta situación, en la que extranjeros deportados o en tránsito se instalan en la ciudad para delinquir.
En el tiroteo de Plaza Madero, originado por una disputa entre presuntos narcotraficantes: colombianos, venezolanos, hondureños y guatemaltecos, fallecieron un venezolano y un hondureño que ya tenía orden de extradición estadounidense, por narcotráfico y que estuvo preso aquí, en 2018 y terminó libre, para seguir delinquiendo.
La falta de un plan de regulación y control de migrantes deportados fue mencionada por la diputada Sandra Jovel en su cuenta de X, donde se pregunta si las autoridades tomarán alguna medida “para frenar este problema, antes de que sea tarde”.
Lamentablemente, todo apunta a que la situación podría empeorar, tal como ya sucedió en Colombia, México y otros países dominados por una izquierda para la cual los criminales merecen “abrazos y no balazos”.
Acá, el ministro Francisco Jiménez apostó por la marimba y es preciso recordarle que poner grupos musicales en la vía pública sería una labor loable…para el ministerio de Cultura y Deportes, pero para la seguridad nacional, es preciso una acción contundente, a menos que el plan sea dejar el control a narcotraficantes y estructuras criminales.
