160 diputados aseguran privilegios: 87 lo aprueban y 73 guardan silencio
Aunque la enmienda que dio vida al aumento salarial de casi Q22 mil para cada diputado fue respaldada por 87 votos, los otros 73 legisladores tampoco pueden eludir su responsabilidad. Su aparente incapacidad para repudiar esta medida refleja una preocupante complicidad silenciosa.
Redacción
Este lunes, el Legislativo publicó en el Diario Oficial el Presupuesto 2025, que incluye un incremento salarial de casi Q22 mil para cada diputado. La enmienda, aprobada en una sesión nocturna el 26 de noviembre, eleva los ingresos mensuales de los legisladores a más de Q50 mil, igualándolos a los magistrados de las Salas de Apelaciones. Además, les garantiza derechos adicionales como indemnización y prestaciones de ley al finalizar su mandato.
Silencio oficialista
A pesar de la controversia, los diputados oficialistas y la mayoría de la alianza legislativa han optado por guardar silencio. Incluso aquellos que se han manifestado en contra de otros gastos injustificados parecen haber evitado pronunciarse sobre este tema.
Las acciones en contra del aumento han sido lideradas únicamente por el bloque VOS, que presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) a través del diputado José Chic, junto con Acción Ciudadana. Sin embargo, no todos los integrantes de este bloque han participado en la oposición, siendo notoria la ausencia de Karina Paz.
Incremento en cifras y procedimiento
El presupuesto aprobado incluye un aumento del 21.62%, con Q260 millones adicionales destinados al Legislativo. Este monto permitirá financiar los nuevos salarios, justificándose bajo el argumento de retribuir a los diputados de forma equivalente a los magistrados. Sin embargo, para revertir la medida, se necesitaría una nueva enmienda aprobada por 81 votos, un procedimiento que enfrenta serias dificultades ante la falta de voluntad política.
Aunque el bloque VOS y organizaciones como Acción Ciudadana han buscado frenar esta medida, el resto de las bancadas parece cómodo con los nuevos beneficios. Incluso la Corte de Constitucionalidad, que tiene en sus manos los amparos, ha retrasado las resoluciones al solicitar más información al Congreso, lo que retrasa aún más el proceso de revisión.
¿Y la ciudadanía?
Mientras los legisladores se aseguran incrementos millonarios, el país enfrenta serias carencias en infraestructura, salud y educación. El silencio de los oficialistas y la falta de acciones contundentes de otros sectores reflejan una desconexión alarmante entre las prioridades de los gobernantes y las necesidades del pueblo.
En medio de esta polémica, la población observa con indignación cómo los recursos públicos parecen destinarse más a garantizar privilegios para los funcionarios que a resolver los problemas estructurales del país.
